El Real de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Luego de que el Tribunal de Justicia Administrativa dio su veredicto en contra del Grupo Empresarial Dalka, S.A. de C.V. por el asunto del suministro de despensas, la Secretaría de Administración presentó pruebas que demuestran que el proveedor falsificó y alteró las fianzas para obtener el contrato de forma ilícita.

La secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván, junto con el subsecretario de Legalidad, Jorge Luis Beas Gámez, reafirmaron el compromiso del Gobierno de Tamaulipas con la legalidad, la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos. Aseguraron que hay evidencia contundente para sostener que la cancelación del contrato con la empresa Dalka es válida y que se dispone del material probatorio necesario para exhibir la conducta delictiva e ilegal de dicha empresa.

“El Estado seguirá los procedimientos legales y presentará las pruebas pertinentes siempre en defensa del interés público. Como Estado, tenemos la obligación de proteger el interés de toda la sociedad, y no permitiremos que continúe un contrato que está claramente viciado y sería ilegal”, afirmó Jorge Luis Beas.

En una conferencia de prensa realizada la tarde de este martes, los funcionarios explicaron que, en el marco de las investigaciones, la agencia afianzadora EB Y A emitió un informe en el que se establece que los trámites para obtener las fianzas fueron realizados el día 11 de abril, a pesar de que el contrato se firmó con anticipación el 15 de marzo y fueron gestionados por un tercero, Mario Montiel Mora, representante de otra empresa, Empacadora La Merced, S.A. de C.V. Esto confirma que las pólizas no fueron entregadas formalmente por Dalka y que no hay registros de haber sido recibidas por las instancias de gobierno dentro del plazo legal establecido.

“Las afirmaciones que presentamos están respaldadas por pruebas documentales, y qué mejor evidencia que lo que señala un documento de la compañía afianzadora”, comentó.

Por su parte, la secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou, manifestó ante los medios de comunicación que, para asegurar el suministro de las despensas requeridas por la Secretaría de Bienestar de Tamaulipas, se estableció un contrato con DICONSA, una empresa gubernamental que está excluida de la Ley de Adquisiciones, además de que ofrecía las mejores condiciones para el estado.

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